Jara exige a Kast que no vete la prohibición del anatocismo para pymes
La diputada Jara solicitó al legislador José Antonio Kast que no ejerza su derecho al veto sobre la normativa que prohíbe el anatocismo para pymes.
El conflicto surge tras la confirmación de que el Poder Ejecutivo planea presentar un veto supresivo contra la norma que busca eliminar el cobro de intereses sobre intereses. Esta medida afecta directamente a pequeñas y medianas empresas, así como a diversos sectores de consumidores finales en el país.
El conflicto por el cobro de intereses
La propuesta legislativa, que ya había avanzado en su tramitación, busca impedir que las entidades financieras capitalicen los intereses impagos, una práctica conocida como anatocismo. Para la diputada Jara, esta prohibición es un alivio necesario para evitar el sobreendeudamiento de los sectores más vulnerables de la economía.
La intención del Gobierno de vetar la totalidad de la norma ha generado una fuerte reacción en el Congreso. El Ejecutivo argumenta la necesidad de proteger la estabilidad del sistema financiero, mientras que los defensores de la ley sostienen que el anatocismo constituye una carga desproporcionada para los deudores.
Posición de los actores políticos
Durante su intervención, la parlamentaria se dirigió de forma directa al sector de la oposición, instando a que se priorice el bienestar de los consumidores. En sus declaraciones, calificó su pedido como una forma de presión política para evitar que el derecho de veto sea utilizado para desmantelar una protección económica clave.
"Una sugerencia gratuita"
La frase, utilizada por la diputada para referirse a su pedido hacia Kast, subraya la tensión legislativa actual. El debate se centra en si la regulación del anatocismo representa un riesgo para la liquidez bancaria o si es una medida esencial de justicia financiera.
Impacto en el sector comercial
De mantenerse el veto, las pymes continuarían sujetas a esquemas de intereses compuestos que pueden escalar rápidamente el monto de las deudas. Los especialistas indican que la eliminación de esta práctica permitiría:
- Una mayor previsibilidad en las cuotas de préstamos comerciales.
- La reducción de la morosidad técnica en sectores de bajos ingresos.
- Un alivio en el flujo de caja de las microempresas ante crisis de liquidez.
La resolución de este conflicto dependerá de la votación en las cámaras y de la capacidad de negociación entre el oficialismo y la oposición para evitar que la ley sea anulada por completo.
